Denuncia PAN fraudes de Humberto Moreira en contra de coahuilenses y mineros
Por jesusbatista - Mar jun 28, 6:08 pm
El Partido Acción Nacional denunció dos fraudes en los que incurrió el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila, al colocar deuda pública en representación del gobierno del estado con decretos apócrifos e inexistentes, falsificar información, abusar de los bancos y mentirle al Gobierno Federal.
El otro caso son los 762 millones de pesos que desparecieron de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y nunca llegaron en beneficio de los carboneros de la región, a pesar de que se tenía contemplado para seguridad e higiene.
En conferencia de prensa, el delegado del CEN del PAN para las elecciones en Coahuila, senador Federico Döring Casar, reclamó que estos casos demuestran cómo se han manejado los recursos públicos y privados en la entidad.
Asimismo, se explica cómo adquirieron propiedades en México y en el extranjero algunos colaboradores de los hermanos Moreira, quienes no han dado la cara.
“Si tuvieran cara ya se les hubiera caído de vergüenza por mentirle a los bancos y colocar deuda con los impuestos de los coahuilenses, mintiéndole al Gobierno federal y a las instituciones que de buena fe les prestaron más de mil millones de pesos, que todavía no sabemos ni en qué se usó, ni cómo se utilizó ni cómo se pagó”, recriminó el senador.
El diputado local Rodrigo Rivas explicó los decretos apócrifos con los que se colocó deuda pública, como el crédito que solicitó SATEC de 2 mil millones de pesos, pero no se encuentran en los documentos oficiales del 19 de octubre de 2010; fecha en la que dijeron habían publicado la autorización para contratar deuda.
De ahí lamentó que Moreira hay incurrido en este tipo de actos graves y exigió que se castigue a quienes han saqueado los recursos de Coahuila.
“Vamos a exigir que el Congreso so licite cárcel para Humberto Moreira y quienes participaron en este tipo de ilícitos”, lanzó Rivas.
Por su parte, la diputada local Esther Quintana Salinas manifestó que el gobierno estatal publicó el pasado 12 de julio de 2010 el decreto número 318, que supuestamente fue expedido por el Congreso del estado y en el que se autoriza un crédito por mil millones de pesos. Sin embargo, nunca se autorizó dicha deuda.
“El 12 de julio de 2010 no hubo publicación del Diario Oficial, es falso lo que presentaron a la Secretaría de Hacienda”, apuntó mostrando ante medios las pruebas del periódico para desmentir el oficio dirigido por el señor Javier Villarreal a la SHCP.
Por ello, increpó que el priísmo es simplemente un instrumento utilizado por los Moreira para hacer las atrocidades en la entidad.
En tanto, el presidente del Comité Directivo Estatal de Coahuila, Carlos Orta Canales, exigió al Gobierno estatal, al ex gobernador Moreira Valdés, así como al titular del SATEC, Javier Villarreal Hernández, a que expliquen en qué fueron utilizados los más de 30 mil millones de pesos de deuda.
“Yo les preguntaría si con este recurso fue con el que Vicente Chaires compró y se hizo de todas las propiedades y empresas que hemos enunciado en días anteriores”, reprochó Orta.
Mientras que el diputado Mario Dávila informó que el presidente nacional del PRI desapareció 762 millones de pesos, al hacer de Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila la caja chica de su gobierno.
“Durante su administración, desvirtuó el objetivo original de la Promotora, al convertirla en su caja chica, a través de retenciones a los productores, vía extorsión, contra la amenaza de no comercializar su producción si se negaban”, comentó.
El desfalco es evidente, ya que de acuerdo con los contratos en poder de Acción Nacional, los recursos etiquetados para seguridad de los trabajadores de las empresas mineras, obra social e infraestructura en la región carbonífera no se han cumplido.
Un ejemplo de la extorsión es que en el último año la PRODEMI ha retenido a los productores 75.25 pesos por tonelada, por lo que si comercializan 3.3 millones de toneladas al año, las retenciones ascienden a 250 millones de pesos anuales, expuso Dávila.
Además, los términos del contrato entre la PRODEMI y CFE obligan al gobierno del estado a destinar una tercera parte del monto total retenido a los productores para la seguridad de sus trabajadores. Y aunque de 2006 a la fecha, esta cifra ascendió a 100 millones de pesos, los beneficios a los mineros nunca llegaron.
Por esta razón, el legislador demandó que se investigue si el gobierno de Moreira realmente aportó los 12.50 pesos por tonelada vendida, que se establece por obligación contractual.
En el uso de la palabra, el diputado federal Jesús Ramírez resaltó que a diferencia de las administraciones locales el gobierno del Presidente Calderón logró un aumento sin precedentes en el precio del carbón que era para beneficiar a los productores de carbón y en consecuencia a los mineros.
Por ello, acusó al gobierno estatal de robarse el aumento en el precio del carbón y no responder dónde está el dinero de los productores y los mineros.
Ante estas denuncias, el senador Federico Döring hizo un llamado al secretario del Trabajo, Javier Lozano; y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Antonio Vivanco; para que investiguen a dónde fueron a dar los recursos que por obligación la Promotora debió destinar a beneficio en obras de infraestructura e higiene de los trabajadores.
