Por: Jesús Trevizo Gutiérrez

La Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece en su artículo 78, numeral 2 —–”EN ESTE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, LA CERTEZA, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD, SERÁN PRINCIPIOS RECTORES”.

Sin embargo, contra estos principios “rectores”, las alianzas y candidaturas comunes pactadas por el PRI y sus satélites y aprobadas sin mayor trámite ni análisis por el IEE, violentan y distorsionan la voluntad ciudadana, ya que permiten que sea el partido más fuerte de la “alianza” el que decida cuántos votos les asignará a sus satélites para garantizarles el registro, las prerrogativas y las posiciones plurinominales, violando además la libertad del voto y el principio de certeza.

Por otra parte, la Ley Electoral local establece: Capítulo Segundo “De las coaliciones” artículo 95, numeral 9

“Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en este código que para mantener el registro y el derecho a pluris se deberá obtener por lo menos 2% de la votación total válida emitida (Artículo 33, inciso “a”).

¿Cómo se podrá saber si los partidos en coalición obtuvieron cada uno este porcentaje si se presentan en conjunto en la boleta electoral? Resulta evidente que tanto las alianzas como las candidaturas comunes violan el principio de certeza y objetividad y obligan a los contribuyentes a seguir pagando a franquicias familiares y seudopartidos su sobrevivencia.

Mucho se ha quejado la ciudadanía del exceso de seudopartidos que más bien operan como franquicias familiares para mantenerse dentro del presupuesto y que como verdaderos mercenarios de la política se alquilan con los partidos grandes para asegurar su sobrevivencia y sus prerrogativas.

Para este año electoral del 2010, cada uno de estos seudopartidos recibieron: Franquicia PT, casi 10 millones de pesos; Convergencia, casi 3 millones de pesos; Partido Verde, más de 10 millones de pesos; Panal, 15 millones de pesos, totalizando la cantidad de casi 38 millones de pesos que sumados a los que recibió el PRI, arrojan la enorme cantidad de más de 89 millones de pesos. Además, rompiendo el principio de equidad, todas las “franquicias” cedieron los tiempos en radio y televisión para spots de César Duarte, sin preocuparles en lo absoluto el apoyo a sus propios candidatos, ya que habían negociado con el PRI la repartición. Resulta preocupante que de nuevo ocupe una diputación el dueño del PT y el esposo de la actual dirigente y diputada del Panal, que desde luego y junto con el PRI y las otras franquicias integrarán una mayoría aplastante, frente a la oposición del PAN y del PRD.

Ante la imposibilidad de que el Congreso modifique la Ley Electoral para asegurar la certeza, la equidad, la legalidad, la imparcialidad y la objetividad en los procesos electorales serán las organizaciones de la sociedad civil con las que los candidatos firmaron compromisos para reducir el número de diputados y transparentar y reducir el financiamiento a los partidos, así como la rendición de cuentas y evaluación de resultados, quienes en un verdadero ejercicio de participación ciudadana, promuevan y exijan las reformas necesarias para que los partidos y seudopartiditos dejen de generar onerosos gastos a costa de los contribuyentes. También, se deberá exigir total transparencia y claridad en cuanto a la fiscalización que haga el IEE en relación a los enormes gastos reales contra los topes de campaña que establece la ley.